El abuso contra la autoridad es un fenómeno que ha permeado diversas sociedades, En un Estado democrático de Derecho, el poder nunca es absoluto, sino más bien limitado. En ese sentido, cuando los funcionarios públicos se exceden en sus funciones o atribuciones, corresponde una reacción de parte del ordenamiento.
En el presente artículo, el autor realiza una explicación y un análisis sobre el delito de abuso de autoridad. De acuerdo a la doctrina nacional e internacional, y a la jurisprudencia peruana, el autor señala cómo entender el bien jurídico que se protege, la tipicidad objetiva y subjetiva, los sujetos activo y pasivo, así como la pena en este delito.
Violencia Policial: Cuando el deber de proteger se convierte en agresión
Uno de los aspectos más visibles del abuso contra la autoridad es la violencia policial. En demasiadas ocasiones, agentes encargados de proteger a la ciudadanía utilizan fuerza excesiva e injustificada, resultando en lesiones graves e incluso la pérdida de vidas humanas. Este abuso de poder socava la confianza en las fuerzas del orden y genera un clima de temor e inseguridad entre la población.
Corrupción: La degradación de las instituciones públicas
La corrupción es otra manifestación del abuso contra la autoridad que mina la integridad de las instituciones gubernamentales. Cuando funcionarios públicos utilizan sus cargos para obtener beneficios personales ilegítimos, ya sea a través de sobornos, malversación de fondos o tráfico de influencias, se traiciona la confianza del pueblo y se socava la legitimidad del Estado. La corrupción no solo debilita la capacidad del gobierno para servir a la población, sino que también perpetúa la desigualdad y la injusticia social.
Discriminación y abuso de poder: La violación de los derechos humanos
El abuso contra la autoridad también se manifiesta en formas más sutiles pero igualmente perniciosas, como la discriminación y el acoso. Cuando aquellos en posiciones de poder utilizan su influencia para intimidar, hostigar o discriminar a individuos vulnerables o pertenecientes a minorías, se violan los derechos humanos fundamentales y se perpetúan las desigualdades sociales. Este tipo de comportamiento no solo afecta a las víctimas directas, sino que también socava los valores de igualdad y dignidad humana en los que se basa una sociedad democrática.
Las modalidades conductuales tipicas
El delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal reconoce dos verbos rectores para la configuración de dicho ilícito, siendo estos: la acción de “cometer” y la acción de “ordenar”.
La acción típica “cometer”: El primer supuesto típico se configura por el verbo rector “cometer”, este refiere a la realización del delito por parte del funcionario público. En este supuesto, es el mismo funcionario quien realiza el acto arbitrario. Así lo ha señalado Salinas (2009): Aquí el funcionario público personalmente efectúa, perfecciona o realiza el acto arbitrario en perjuicio de tercero (p. 177).
El abuso de atribuciones
Las atribuciones son aquellas facultades que, por medio de una ley o reglamento, han sido conferidas al funcionario en atención a la función o cargo desempeñado. Dichas facultades se encuentran reguladas o contempladas en las respectivas normas legales en el reglamento, y además permiten establecer un marco o varios de competencia funcionarial (Rojas, 2007).
El acto arbitrario
Es lo que realiza un funcionario. El acto debe entenderse en sentido genérico, no implica solamente al acto desde el ámbito administrativo. En todo caso, como lo concibe Frisancho (2011), el acto arbitrario “es el mal uso de las atribuciones y competencias funcionales” (p. 249).
De conformidad con lo anterior, se entiende que el carácter arbitrario del acto supone que este no tiene ningún fundamento legal alguno, sino que obedece únicamente al capricho del funcionario público. De hecho, si bien el sujeto activo tiene poder de ejercer la autoridad, este poder debe ser ejercitado conforme a ley y sin generar perjuicios a otras personas.
El perjuicio a alguien
El perjuicio a alguien es otro de los elementos para la configuración del delito. El término genérico “alguien” debe ser entendido de manera que el perjudicado pueda ser tanto una persona natural o jurídica, esta última ya sea de naturaleza privada o pública. Del mismo modo, el perjuicio también debe ser comprendido en su acepción genérica, toda vez que este puede ser de naturaleza económica, administrativa, de operatividad funcional, moral, política, civil, etc. (Salinas, 2009).
El abuso contra la autoridad representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de delitos, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y promoviendo una cultura de respeto a la ley y los derechos fundamentales. Solo así podremos construir sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad humana
Para determinar la tipicidad objetiva deben analizarse los siguientes elementos normativos que se detallan a continuación:
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