La Derogaciòn de la Ley 32108 , que se enfoca en la lucha contra el crimen organizado en Perú, ha sido objeto de un intenso debate desde su promulgación. Como ciudadano preocupado por la justicia y la equidad, siento la necesidad de exponer las razones por las cuales considero urgente su derogación. En este artículo, abordaré las implicaciones de esta ley, sus fallas y cómo su eliminación podría beneficiar a nuestra sociedad.
1. Contexto de la Ley 32108
La Ley 32108 fue aprobada con la intención de fortalecer las herramientas legales del Estado para combatir el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, la extorsión y otros delitos graves. En teoría, estas medidas deberían proporcionar a las autoridades, bajo el gobierno de Dina Boluarte, las herramientas necesarias para desmantelar organizaciones criminales. Sin embargo, la realidad es que esta ley ha generado más problemas que soluciones. La comisión de justicia del pleno del Congreso ha expresado preocupaciones sobre la efectividad de la ley 32108 sobre crimen, lo que ha llevado a un debate sobre su posible derogatoria.
1.1. Promesas No Cumplidas
Uno de los principales argumentos a favor de la ley de crimen era que permitiría una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Sin embargo, hemos visto que esta coordinación sigue siendo deficiente y, en muchos casos, la ley ha sido utilizada como un mecanismo para justificar abusos de poder y violaciones de derechos humanos. La policía nacional del Perú ha sido señalada por su falta de transparencia en la gestión de servicios, lo que ha afectado a las víctima de violencia que buscan justicia.
2. Falta de Definiciones Claras
Un problema significativo con la Ley 32108 es la ambigüedad en sus definiciones. La ley establece términos vagos que pueden ser interpretados de diversas maneras. Por ejemplo, ¿qué se considera exactamente «crimen organizado»? Esta falta de claridad permite a las autoridades ampliar su interpretación, lo que puede dar lugar a abusos. La definición de organización en este contexto es crucial, ya que una interpretación amplia puede resultar en la aplicación indebida de medidas de fuerza. Además, la comisión de delitos puede utilizar esta ambigüedad para justificar acciones que no necesariamente corresponden a la realidad de la situación.
2.1. Posibles Abusos de Poder
Debido a estas definiciones imprecisas, la ley ha sido utilizada para perseguir a personas y grupos que no necesariamente están involucrados en actividades delictivas. He visto casos donde individuos han sido arrestados bajo acusaciones de delito de organización sin pruebas concretas, lo que pone en riesgo la presunción de inocencia. Esto se convierte en un problema grave, ya que el ministro del interior, en este caso, podría ser cuestionado por su manejo de la situación, y la presencia de estas injusticias podría dañar la confianza en las instituciones. Además, la jefa de estado, presidenta Dina Boluarte, debe abordar estas preocupaciones para asegurar que se respeten los derechos fundamentales.
3. Violaciones a los Derechos Humanos
La aplicación de la Ley 32108 ha resultado en múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas del orden, amparadas por esta ley, han llevado a cabo detenciones arbitrarias y han aplicado métodos de interrogación cuestionables. Como sociedad, debemos ser conscientes de que la lucha contra el crimen no debe llevarnos a sacrificar nuestros derechos fundamentales.
3.1. Ejemplos Concretos
Existen numerosos informes de organizaciones de derechos humanos que documentan casos de abuso. He leído testimonios de personas que han sido detenidas sin una causa justificada y que han enfrentado condiciones inhumanas en prisión. Estas situaciones no solo afectan a las víctimas, sino que también deterioran la confianza en nuestras instituciones.
4. Efectos Negativos en la Sociedad
La Ley 32108 ha tenido un impacto negativo en la percepción pública sobre la justicia y la seguridad. La desconfianza hacia las instituciones estatales ha crecido, lo que dificulta aún más la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades en la lucha contra el crimen. Este fenómeno crea un ciclo vicioso que socava los esfuerzos por construir una sociedad más segura.
4.1. Desconfianza Ciudadana
He conversado con muchos ciudadanos que sienten que la ley no está diseñada para protegerlos, sino para controlar y reprimir. Este sentimiento de desconfianza puede llevar a la ciudadanía a no colaborar con la policía, lo que complica aún más la detección y el enjuiciamiento de criminales.
5. Alternativas Viables
La derogación de la Ley 32108 no implica abandonar la lucha contra el crimen organizado, sino que debemos buscar alternativas más efectivas y respetuosas de los derechos humanos. La solución no es más represión, sino un enfoque más integral que aborde las raíces del problema.
5.1. Enfoque en la Prevención
Es vital que el Estado invierta en programas de prevención del delito que incluyan educación, empleo y desarrollo social. Estas estrategias pueden ayudar a disminuir la incidencia del crimen y, a largo plazo, hacer que la sociedad sea más resiliente frente a la delincuencia.
5.2. Fortalecimiento de Instituciones
Debemos trabajar para fortalecer las instituciones encargadas de la justicia, asegurando que tengan los recursos y la capacitación necesarios para actuar de manera efectiva y respetuosa. La capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad es esencial para evitar abusos y construir confianza con la comunidad.
6. La Voz de la Sociedad Civil
La derogación de la Ley 32108 debe ser un esfuerzo colectivo. La sociedad civil tiene un papel crucial en este proceso. A través de la movilización y la concienciación, podemos exigir a nuestros representantes que reconsideren esta ley y busquen alternativas que realmente aborden el crimen organizado de manera efectiva y ética.
6.1. Participación Ciudadana
Es fundamental que la ciudadanía se involucre en el debate. Participar en foros, charlas y actividades comunitarias puede ayudar a difundir información sobre los efectos de la ley y las alternativas viables. Cuanto más informados estemos, más poder tendremos para exigir cambios.
7. Conclusión
La Ley 32108, a pesar de sus buenas intenciones, ha demostrado ser un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. La ambigüedad en sus definiciones, las violaciones a los derechos humanos y el impacto negativo en la confianza ciudadana son razones más que suficientes para considerar su derogación.
Es imperativo que busquemos un enfoque más humano y efectivo para enfrentar el crimen organizado, uno que priorice la justicia, el respeto a los derechos humanos y la confianza en nuestras instituciones. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de alzar nuestra voz y exigir cambios que realmente beneficien a nuestra sociedad.
Espero que este artículo sirva como un llamado a la reflexión y a la acción. Si deseas compartir tu opinión o tienes preguntas sobre este tema, no dudes en dejar tus comentarios. ¡Juntos podemos trabajar por un Perú más justo y seguro!
